Este texto es un trabajo crítico sobre la institución de la omisión legislativa y su desarrollo a través del derecho constitucional venezolano y la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
La inconstitucionalidad por omisión legislativa es uno de los mecanismos procesales mediante el cual el Poder Judicial acciona contra la abstención generada por la actividad legislativa y lo obliga a fungir con el mandato dado la Carta Magna. Con este trabajo, no pretende quien suscribe extenderse sobre el largo trayecto de la historia del derecho constitucional, que no fue más que en cuna de la revolución francesa y la adaptación que posteriormente fueron haciendo algunos países de Europa a su modelo de lucha para luego bajar al continente suramericano y arraigarse en la historia Republicana de nuestros países desde la época inclusive de la Colonia.
Ahora bien, parte de estas nociones dentro del derecho venezolano se concentran en lo que podemos denominar sistema de justicia constitucional con matiz propio del continente Europeo y de otros países de Latinoamérica, donde se aplicará el proceso desde la óptica y concepción del Derecho Constitucional a las situaciones fácticas llevadas a una denominada jurisdicción constitucional que buscan dentro de resumidas cuentas la defensa de la integralidad constitucional y de las garantías en ellas contenidas ante una actividad jurisdiccional ordinaria (amparo contra sentencia), la actividad trasgresora de un individuo o de cualquiera de los órganos del Estado (amparo ordinario), de su voluntad volcada en actos (amparo cautelar) y hasta de la inacción por parte del organismo legislador en su actividad legisladora (omisión legislativa), sin menoscabo de otros mecanismo de protección constitucional existentes en el mapa de la competencia procesal constitucional y que se encuentran habilitadas el ejercicio de los justiciables.
Inhaltsverzeichnis
- Previo a comenzar estas líneas de disertación debemos afirmar que resulta incuestionable y extraña la relación que tiene el ámbito Político a través del tiempo con el Derecho Constitucional, pues el mismo funge como producto imbricado de las luchas y de los constantes movimientos de sociales (masas), que son capaces de incidir en el fortalecimiento del Estado y sus formas de gobierno o hasta de destruirlo y volverlo a edificar bajo un modelo distinto y de antítesis al que lo previno.
- Con este trabajo, no pretende quien suscribe extenderse sobre el largo trayecto de la historia del derecho constitucional, que no fue más que en cuna de la revolución francesa y la adaptación que posteriormente fueron haciendo algunos países de Europa a su modelo de lucha para luego bajar al continente suramericano y arraigarse en la historia Republicana de nuestros países desde la época inclusive de la Colonia.
- Ahora bien, parte de estas nociones dentro del derecho venezolano se concentran en lo que podemos denominar sistema de justicia constitucional con matiz propio del continente Europeo y de otros países de Latinoamérica, donde se aplicará el proceso desde la óptica y concepción del Derecho Constitucional a las situaciones fácticas llevadas a una denominada jurisdicción constitucional que buscan dentro de resumidas cuentas la defensa de la integralidad constitucional y de las garantías en ellas contenidas ante una actividad jurisdiccional ordinaria (amparo contra sentencia), la actividad trasgresora de un individuo o de cualquiera de los órganos del Estado (amparo ordinario), de su voluntad volcada en actos (amparo cautelar) y hasta de la inacción por parte del organismo legislador en su actividad legisladora (omisión legislativa), sin menoscabo de otros mecanismo de protección constitucional existentes en el mapa de la competencia procesal constitucional y que se encuentran habilitadas el ejercicio de los justiciables.
- Como ya hemos indicado, la integralidad y supremacía de la Constitución son principios cuya defensa depende de todos y cada uno de los ciudadanos de la Nación, así como de todos y cada uno de los Poderes Públicos que componen el Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, todo ello en respuesta a la constitucionalización de la democracia participativa y protagónica en el Estado de Derecho y de Justicia y el bien común de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Lex Fundamentalis.
- Es así, que los procesos constitucionales concebidos dentro de la esfera de la Justicia Constitucional fungen como una protección directa de los estamentos bajo las cuales se cimienta el Estado Constitucional, y un medio transcendental dentro del derecho aplicado en un país, pues a distinción de otras ramas, el estudio del derecho constitucional aplicado necesita de otras disciplinas como la argumentación e interpretación y el entendimiento global de todas las formas jurídicas existentes, pues palabras más, palabras menos esta premisa constitucional tiene cabida en el desarrollo del derecho subjetivo de un país.
- Es importante destacar que esta figura institucional (omisión legislativa) nació (en nuestro derecho nacional) dentro del derecho constitucional venezolano a través del proceso constituyente llevado a cabo en 1999, donde en franco rompimiento del Estado Legalista, la Constitución de la época trajo consigo un cambio paradigmal no solo para los juristas y el Poder Judicial sino para los estudiosos del Derecho Constitucional y los legisladores del país.
- Bajo esta premisa cambió no solo la estructura del Estado en su forma más pura, sino que se amplió prácticamente el prisma mediante el cual se estudiaba todo el marco jurídico de un país, y que necesitó indefectiblemente una adaptación sobre los aspectos novedosos que traía esta última para consigo.
- En nuestro país, la noción clásica tripartita concebida en la revolución francesa y que distribuye el poder en Ejecutivo, Legislativo y Judicial fue ampliada por idealización de los “principios bolivarianos\" y la corriente doctrinaria de la política reinante de la época (como lo era el oficialismo) a la inclusión de dos distribuciones más; a saber Electoral y Ciudadano (conformado a su vez por el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo también denominado en conjunto Consejo Moral Republicano).
- Ahora bien, desde el punto de vista de su estructura funcional cada uno de los Poderes tiene asignada una función natural, propia e intrínseca de su actividad creacional pues el Ejecutivo se encarga de realizar la concretización de las políticas del Estado, el Legislativo se encarga de proveer del compendio legislativo necesario y vital para el desarrollo de la Nación que regule los aspectos de la vida de la ciudadanía, el Judicial de aplicar el marco jurídico y preservar la estabilidad constitucional y legal del Estado, el Electoral velar por el cumplimiento de los procesos electorales en el país y el Ciudadano que regula la rama Moral en el ámbito de la tutela de los intereses públicos en situaciones que incluyan la ética y moral administrativa, uso del patrimonio público, legalidad administrativa y derechos humanos.
- Como podemos observar en las tres (3) primeras ramificaciones del Poder (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) tenemos actividades bien marcadas en cuanto a su particularidad, pues deben ejercerlos éstos (en principio) bajo estricta esencia funcional, so pena de existir excepciones o funciones compartidas (como es el caso de la actividad administrativa que ejercer a su vez el Poder Legislativo y el Judicial cuando no están legislando o sentenciando) sin embargo solo haremos referencia de ello en el presente trabajo de grado de forma sutil a los fines de no ahondar en tales profundidades a la actividad legislativa.
- Dicho así, previo a entrar al estudio de la omisión legislativa dentro del Tribunal Supremo de Justicia debemos precisar las aristas de la rama Legislativa y las actividades que esta despliega como baluarte de la creación de leyes a través de cualquiera de sus órganos colegiados en cualquiera de sus nivelaciones como lo son (Asamblea Nacional, Consejos Legislativos y Concejos Municipales).
- La actividad legislativa se puede concebir como aquella institución del derecho parlamentario encargada de establecer los pasos y formalidades para la creación del marco creacional de las leyes, su promulgación y su incidencia en la sociedad, a los fines de regular una conducta o un hecho en ella y hacerla acatable bajo su imperio por todos y cada uno de los habitantes de una Nación¹.
- Esta serie de acciones no solo arropan el denominado aspecto de las Leyes sino también el de los denominados actos legislativos en ejecución directa de la Constitución y que en caso de Venezuela se resume entre ellos al nombramiento de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Rectores del Consejo Nacional Electoral y Fiscal General, Contralor General y Defensor del Pueblo de la República, así como toda aquella acción que este obligada a tomar o realizar el órgano legislativo y que sea imprescindible por mandato Constitucional.
- Ahora bien, el Legislativo en sus funciones es autónomo y sus decisiones o Leyes se entienden como voluntad del soberano por ser los legisladores (en nuestro caso) escogidos directamente a través del sufragio, sin embargo, al igual que ocurrió con la actividad administrativa y el control universal que ejerce el contencioso administrativa sobre ella, esta no puede ser desmedida o en su defecto incontrolable ya que de existir una anarquía por parte de quienes prescinden la función parlamentaria, debe existir por antítesis un control o un freno.
- Es por ello, que en este sentido el derecho procesal constitucional entra a regular (por ser una función de especialísimo orden) cualquier irregularidad que en ella se suscite fundamentada en los distintos medios de protección constitucional que el abanico jurídico ofrece al justiciable e incluso órganos jurisdiccionales constitucionales de oficio la posibilidad de enmendar o solucionar cualquier disparidad existente, debiendo guardar la sutileza de no los
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text befasst sich mit der Institution der legislativen Unterlassung im venezolanischen Rechtssystem, insbesondere im Kontext der Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs in der Verfassungsgerichtsbarkeit seit der Verabschiedung der Verfassung von 1999. Der Autor untersucht, wie die Legislative im Rahmen des venezolanischen Rechts funktioniert und wie das Verfassungsrecht als Schutzmechanismus gegen die Unterlassung der Legislative eingesetzt wird.
- Die Entwicklung des Verfassungsrechts in Venezuela
- Die Rolle der Legislative und die Funktionsweise des venezolanischen Rechts
- Das Konzept der legislativen Unterlassung und ihre Auswirkungen
- Die Rolle des Obersten Gerichtshofs in der Verfassungsgerichtsbarkeit
- Die Anwendung des Verfassungsrechts zur Kontrolle der Legislative
Zusammenfassung der Kapitel
Die ersten Kapitel des Textes beleuchten die historische Entwicklung des Verfassungsrechts in Venezuela und die Rolle der Legislative im Rahmen des venezolanischen Rechtssystems. Der Autor erläutert die Funktionen der verschiedenen Staatsgewalten und betont die Bedeutung des Verfassungsrechts als Garant für die Grundrechte der Bürger.
Anschließend werden die verschiedenen Formen des Verfassungsrechts und die Bedeutung des Rechts auf Rechtsstaatlichkeit diskutiert. Dabei wird auch auf die Rolle des Obersten Gerichtshofs in der Verfassungsgerichtsbarkeit eingegangen und seine Aufgabe, die Einhaltung des Verfassungsrechts zu gewährleisten, hervorgehoben.
Der Text beleuchtet die verschiedenen Formen des Verfassungsrechts und die Bedeutung des Rechts auf Rechtsstaatlichkeit. Dabei wird auch auf die Rolle des Obersten Gerichtshofs in der Verfassungsgerichtsbarkeit eingegangen und seine Aufgabe, die Einhaltung des Verfassungsrechts zu gewährleisten, hervorgehoben.
Abschließend wird die Institution der legislativen Unterlassung im Kontext des venezolanischen Rechts beleuchtet. Der Autor analysiert die Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs in der Verfassungsgerichtsbarkeit und zeigt, wie das Verfassungsrecht als Schutzmechanismus gegen die Unterlassung der Legislative eingesetzt werden kann.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe des Textes sind: Verfassungsrecht, Venezuela, Legislative, Oberste Gerichtshof, Verfassungsgerichtsbarkeit, Rechtsstaatlichkeit, Unterlassung, Grundrechte, Staatsgewalten.
- Citar trabajo
- Teófilo Leonardo Villarroel Campos (Autor), 2018, Análisis crítico de la Omisión Legislativa en Venezuela, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/442658
